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ARTÍCULO DE OPINIÓN

21March
ARTÍCULO DE OPINIÓN

La Dra. Luz Elena Mira Olano, Abogada, egresada de Unisabaneta, doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Buenos Aires. Magister en Derechos humanos, Democracia y Derecho Internacional. Especialista en Derecho Penal, Especialista en Derechos Humanos, Democracia y Globalización, Especialista en Derechos Humanos Democracia y Conflicto. Con estudios en Derecho Internacional Humanitario, Sistemas de Protección de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Ponente en Eventos Nacionales e Internacionales.


Recibe con beneplácito el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se concede las medidas cautelares al ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego. Mecanismo consagrado en el artículo 25 del Reglamento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, activado ante situaciones de gravedad y urgencia para prevenir daños irreparables a las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado parte de la Convención. En varias oportunidades la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las medidas cautelares tienen un doble carácter: uno cautelar y otro tutelar, respecto del primero, buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los Derechos Humanos, el segundo de ellos, tiene como fin, preservar una situación jurídica, es decir proteger los derechos que se encuentren en riesgo. 


Una vez más se vislumbra la relevancia de las disposiciones internacionales que imperan en el ordenamiento jurídico interno y que adquieren carácter prevalente en virtud del bloque de constitucionalidad por tratarse de normas sobre Derechos Humanos; estas normas no sólo son de imperativo cumplimiento, sino que además irradian obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos a cargo del Estado, al mismo tiempo que implica la obligación de adecuar la normativa internacional al derecho interno. 


Igualmente, las obligaciones contraídas por Colombia en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, exige que el Estado colombiano otorgue a sus nacionales los recursos judiciales adecuados y efectivos que garanticen el acceso a la justicia como derecho fundamental; por lo cual, ante el incumplimiento de esta obligación, la Comisión Interamericana otorgó la Medida Cautelar al Alcalde Mayor de la Capital con el fin de evitar un perjuicio irremediable.


Nuevamente se reafirma que la protección de los Derechos Humanos demanda profesionales del Derecho idóneos, de suerte que la formación académica se convierte en un elemento ineluctable en el ejercicio de la profesión, máxime en los actuales estadios del derecho, en donde los Derechos Humanos se erigen como eje transversal a todas sus ramas.

LUZ ELENA MIRA OLANO